El vencimiento del “Pacto Social” generará un efecto en cadena en 12 de los 19 municipios de la provincia: los intendentes demandarán asistencia financiera a la Provincia. Ése es el caso de Concepción, donde el jefe vecinal Roberto Sánchez envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para aprobar el pedido de ayuda económica al Poder Ejecutivo por $ 91,7 millones.
El “Pacto Social” es el nombre que recibió desde comienzos de la década del 2000 el acuerdo por el que los municipios ceden la Coparticipación Nacional -una devolución de un porcentaje de impuestos y tasas nacionales que pagan los vecinos de esa ciudad- a la Provincia a cambio de tener garantizados los fondos para el funcionamiento administrativo de la intendencia. Es una de las políticas de la gestión de José Alperovich (2003-2015), que mantuvo el gobierno de Juan Manzur. El último acuerdo venció en marzo, por lo que se requiere volver a refrendar los instrumentos legales para extender el “Pacto Social” en 2019.
Ayer a la mañana ingresó al Concejo de Concepción, intendencia de cabecera de Chicligasta, una nota dirigida a la presidenta del cuerpo, la peronista Laura Vanesa Cabrera, solicitando autorización para solicitar “asistencia financiera reintegrable” para hacer frente al pago de los salarios del personal. ¿El motivo? La suba salarial firmada por el Poder Ejecutivo (25% en dos cuotas más “cláusula gatillo”). Junto a la nota, firmada por el radical Sánchez, había dos proyectos de ordenanza: uno para solicitar $ 2,7 millones para abonar las diferencias por la suba salarial retroactiva a marzo, y otros $ 88,7 millones para el mismo fin, para los sueldos de abril y de mayo.
“Se trata de presentaciones para solicitar fondos, porque ya se ha vencido el ‘Pacto Social’ y todavía no se han firmado los nuevos acuerdos. Imagino que es una situación que afecta a todas las intendencias que estaban dentro de este acuerdo”, explicó a LA GACETA el secretario de Gobierno de ese municipio, el radical Julio “Tito” Herrera. Agregó que la solicitud de fondos reintegrables no debe alarmar, y que las finanzas municipales se encuentran equilibrada.
Críticas desde el bussismo
El concejal de San Miguel de Tucumán y candidato a gobernador por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, cuestionó la medida de Sánchez. “Justo cuando su candidata a gobernadora, Silvia Elías de Pérez, abre una cuenta para que los ciudadanos de a pie hagan aportes para financiar sus gastos electorales, un intendente de su riñonada como Roberto Sánchez, en obvio acuerdo con el gobernador Manzur, eleva un pedido de autorización al Concejo Deliberante de la ciudad sureña para endeudar al municipio en casi $ 90 millones de pesos para atender gastos de personal. Esta gente de Cambiemos, o como quiera que se llame este espacio que cambia de nombre para ocultar el producto, es muy desvergonzada”, arremetió el edil capitalino. Y agregó: “asumieron con la promesa de combatir al peronismo y representan exactamente lo mismo. Son dos caras de la misma moneda, las mismas mañas electorales, el mismo despilfarro de dinero público e idéntico proceder”.